De sobra está decir que, en último término, que haya o no dinero para las pensiones públicas en un futuro (lo que está por ver) es una decisión política.
Las pensiones públicas están en el punto de mira permanente del gobierno, sea éste del color que sea, y de la patronal. Desde el año 85 en que se produjeron los primeros recortes (en aquella ocasión CCOO respondió con una huelga general), legislatura tras legislatura se vienen firmando Pactos de Pensiones entre el gobierno de turno, la patronal y los grandes sindicatos, con el aval de prácticamente la totalidad de las fuerzas parlamentarias. Aprobaron el Pacto de Toledo en el 97, argumentando que en un futuro incierto (ahora hablan del 2023) la recaudación de la Seguridad Social no será suficiente para pagar las pensiones públicas, un pacto que quieren renovar este año y sobre el que ya hay un acuerdo entre Zapatero y Rajoy.
La última reforma en julio de 2006Se trata en esta legislatura de dar continuidad a las medidas adoptadas en las anteriores reformas: retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años, dificultando y penalizando la jubilación anticipada; rebajar la cuantía de las pensiones aumentando el número de años para calcularlas; seguir fomentando los planes de pensiones privados destinando parte de los aumentos salariales a fondos de pensiones colectivos (cogestionados por los grandes aparatos sindicales con jugosos resultados); disminuir la recaudación mediante nuevas rebajas de las cotizaciones patronales.De sobras está decir que, en último término, que haya o no dinero para las pensiones públicas en un futuro (lo que está por ver) es una decisión política, como lo es la reciente decisión del gobierno de destinar 150.000 millones a financiar a la banca. La simple supresión de las numerosas y multimillonarias bonificaciones en cuotas a la seguridad social que reciben los empresarios (por hacer contratos indefinidos, por contratar a jubilados...) supondría una sustanciosa inyección de fondos.
Nada bueno podemos esperar del “diálogo social”.Las primeras propuestas del gobierno muestran claramente para quien gobierna y a costa de quien: nuevas rebajas de cotizaciones sociales a los empresarios por la contratación de trabajadores, potenciación de las agencias de colocación privadas y agilización de la financiación masiva de los bancos.
Los dirigentes de CCOO y UGT no lo ven con malos ojos, mientras se comprometen, además, a renovar la moderación salarial mediante un nuevo Acuerdo para la Negociación Colectiva, el octavo.
En un momento de grave crisis económica, el diálogo social es un instrumento privilegiado para integrar a los grandes sindicatos en su política económica y social, asegurando su complicidad en el mantenimiento de la paz social.
Unos dirigentes sindicales burocratizados que se prestan a ello, recibiendo a cambio protagonismo institucional y prebendas materiales para mantener sus privilegios. Las luchas contra los efectos de una crisis, que el capital y el gobierno quieren descargar contra los trabajadores, son el escenario donde se seguirá forjando una nueva dirección sindical alternativa, combativa y democrática, que rompa con la conciliación de clases y la subordinación.
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