CSU Extremadura: Por una sanidad pública

CSU-Extremadura defiende de una forma clara que el cuidado de la salud sea un servicio público. El sistema de Seguridad Social, del que la sanidad es un elemento esencial, es una conquista histórica de la clase trabajadora. No se trata de ningún regalo o concesión por parte de gobiernos que invariablemente han estado y están al servicio de la clase explotadora, si no que su consecución ha costado enormes sacrificios a los trabajadores y décadas de lucha.

Determinados sectores empresariales parasitarios ven la atención sanitaria como un lucrativo negocio, por lo que los distintos gobiernos del Estado, el central y los autonómicos, que sirven a sus intereses, han iniciado un proceso de privatización de la sanidad que se irá profundizando en el futuro, convirtiendo la atención sanitaria no en un derecho si no en un privilegio solo al alcance de los que tienen dinero. Los trabajadores debemos reaccionar de forma resuelta y contundente en defensa de la sanidad pública.

En este sentido, CSU-Extremadura planteamos los siguientes puntos reivindicativos:

Derogación de la ley 15/97, que establece la posibilidad de concertación de servicios con clínicas privadas y la financiación pública de entidades sanitarias privadas. Estas concertaciones y financiaciones suponen un enorme coste para la seguridad social puesto que no solo paga el trabajo de los profesionales si no también los beneficios de los propietarios de las clínicas. El objetivo real de esta ley es ir privatizando aquellos servicios sanitarios que sean más rentables.

Socialización, es decir, asunción por parte del Estado, de determinados servicios actualmente privados, como el servicio de limpieza de hospitales y ambulatorios y las ambulancias. Los trabajadores de estos servicios están peor remunerados y con menos garantías laborales que los trabajadores públicos. Esto es así puesto que parte del salario que les correspondería va a manos de los propietarios de las empresas para las que trabajan en forma de beneficios.

Ampliación de la cobertura sanitaria a la ortodoncia, y en general a todo lo relacionado con la odontología y a todos los medicamentos. La Seguridad Social también debe cubrir todo tipo de intervenciones oftalmológicas.

Nacionalización de los laboratorios. Los enormes beneficios de la industria farmacológica suponen una carga tanto para la Seguridad Social como para el usuario, que en muchas ocasiones debe pagar un medicamento mucho más caro pero no más eficaz y que le ha sido recetado por un médico que previamente ha sido sobornado mediante “regalos” por los representantes de determinado laboratorio. Otro efecto perverso de que la investigación y fabricación de fármacos esté en manos privadas es la cronificación de determinadas enfermedades. A los propietarios de los laboratorios les interesa más que una enfermedad sea crónica, lo que supone un consumo de medicamentos de por vida, que investigar y comercializar un medicamento que cure la enfermedad.

Prohibición del ejercicio de la sanidad privada y cobertura absoluta y universal por la sanidad pública. Consideramos que la salud es un derecho de todos los seres humanos por igual, sin que se deban establecer privilegios y discriminaciones en función de la capacidad económica de cada uno. Por otra parte, la existencia de la sanidad privada incide negativamente en el funcionamiento de la pública puesto que muchos profesionales de la Seguridad Social que a su vez tienen su propia consulta privada se ven tentados a no prestar una correcta atención al paciente a fin de derivarlo a su consulta o clínica y obtener así un beneficio adicional.

Creación de los hospitales y centros de salud que sean necesarios para conseguir una atención satisfactoria y rápida a toda la población. Desmasificación de la sanidad en las grandes ciudades y atención cercana a la población de las zonas rurales.

Aumento de la plantilla de personal y dotación técnica suficiente para eliminar tanto las listas de espera como los desplazamientos innecesarios a hospitales lejanos.

Incremento significativo de la financiación de la sanidad pública y garantía por parte del Estado de esta financiación. Es decir, que si en algún momento la Seguridad Social no pudiera asumir los costes de la sanidad estos estén cubiertos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Establecimiento de mecanismos de control de la atención sanitaria por parte de los usuarios mediante un procedimiento de baremación de los distintos servicios recibidos. Es necesario garantizar la calidad y la eficacia de la sanidad pública y este procedimiento, tan democrático como sencillo, contribuiría significativamente a ello. La sanidad pública no funciona bien porque los distintos gobiernos que sirven a intereses empresariales hacen todo lo posible para que así sea, provocando un descontento general que haga asumible su proyecto de privatización, como alternativa, por parte de la población.